Me aburro cuando escucho a los políticos hablar de transparencia y participación ciudadana. Me aburro si no me escandalizo.
Hace apenas unos días, el 28 de septiembre, se celebro el día mundial del derecho a saber. Como se está haciendo costumbre en España con las cosas importantes, pasó completamente desapercibido.
Sin embargo es crucial que la gente se entere en qué consiste este derecho y que se movilice para ejercerlo.
El derecho de acceso a la información pública se ha convertido en gran parte de los países de nuestro entorno en un parámetro para calibrar el grado de desarrollo democrático de un país. Ya son 63 los países que han adoptado leyes que facilitan el acceso de los ciudadanos a la información pública y otros treinta están en proceso de aprobación.
El principio básico del Derecho a la libertad de acceso a la información pública es que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los documentos oficiales de las Administraciones Públicas, y que ello debiera estar garantizado para todos en condiciones de igualdad y mediante la aplicación de una normativa clara. La negativa al acceso debiera ser una excepción plenamente justificada y prevista en la ley para aquella información clasificada como secreta, reservada o confidencial para proteger otros derechos, como la intimidad o la seguridad nacional.
En ningún caso se trata de asegurar la libertad de acceso a la información que las autoridades deseen proporcionarnos, sino de asegurar un auténtico "derecho a saber" de los ciudadanos basado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estado (TODO EL ESTADO ¡EH!, TAMBIÉN LAS CC.AA. AUNQUE A MARAGALL SE LE OLVIDE) deben asegurar que cualquier de nosotros, cualquier ciudadano pueda tener acceso a documentos que están en poder de las autoridades públicas.
Es decir, que toda información en manos del Estado es pública por principio, salvo excepciones, y que no existe la obligación de identificarse ni de explicar los motivos que fundan la solicitud de información
Mientras tanto en España en bragas. Un poquito para Medio Ambiente por el convenio de Aarhus y un poquito para los derechos de los pacientes. Eso es todo.
Pensemos en el famoso tres por ciento. Exijo mi derecho a tener libertad de acceso a la información pública, como forma de participar y controlar la gestión de los que me gobiernan.
Angel Bataller
