Decir “ciudadano” es concebir al ser humano como poseedor de derechos y deberes dentro de una res publica por el simple hecho de haber nacido. La ciudadanía exige una carta de derechos que el poder político debe respetar, por cuanto dicho poder emana de la cesión que el ciudadano hace de su poder privado para que alguien delegado lo gestione con vistas al bien común.
La Revolucion Gloriosa, en la Inglaterra del siglo XVII, la Revolución Americana y la Revolución Francesa lograron instaurar el concepto de ciudadanía, que nos conduce al concepto de igualdad, ya que el ordenamiento social que propugnaron eliminaba las diferencias estamentales que el Antiguo Régimen tenía implantadas desde los albores de la Edad Media. Independientemente de las condiciones de su nacimiento, el ciudadano posee los mismos derechos y deberes; la ley es igual para todos los ciudadanos y no hay castas ni estamentos a la hora de someterse al imperio de la legalidad. Una igualdad que debe ser concebida desde el punto de vista legal, no en otros ámbitos, ya que defender una igualdad extrema lleva (como lo ha demostrado la experiencia) a la anulación de la libertad individual y de la autonomía de conciencia; lleva a la construcción de una sociedad petrificada, burocratizada en la que una nueva casta se erige sobre el resto de la población y se halla exenta de las obligaciones de los demás.
Ser ciudadano exige la responsabilidad personal en el ejercicio de la libertad que la autonomía de conciencia confiere a la persona. Sólo el discurso ilustrado podía explicar meridianamente un concepto tal. Desde que Kant lo dijera de forma clara, la ilustración es la capacidad de salir de una permanente infancia en la que las estructuras sociales autoritarias mantienen al ser humano. La mayoría de edad de la persona se manifiesta en la capacidad de ser libre y, consecuentemente, de ser responsable de sus propios actos. El ciudadano, frente al súbdito, es dueño de su vida. Ninguna autoridad puede marcarle el sendero de su felicidad y de su proyecto de vida, donde sólo debe restringir sus actos en el respeto a una legalidad establecida por los depositarios transitorios del poder y en función del bien general. Ser ciudadano es tener libertad de conciencia y libertad de expresión, ya que el ciudadano tiene formación y sentido de su propia valía como ser humano. Ser ciudadano es sentirse vinculado a una comunidad donde el respeto a su libertad marca el lazo de unión entre los iguales, no una supuesta identidad racial, religiosa, lingüística o histórica. Por ello, el poder que los ciudadanos ceden a sus representantes debe abstenerse de apoyar a una religión u otra, del mismo modo que debe abstenerse de fomentar las corrientes antirreligiosas. Sencillamente, deben mostrar una absoluta neutralidad (llamada laicismo), cuidando siempre que la actuación de las diferentes religiosidades no actúe en menoscabo del ordenamiento legal que los ciudadanos se han dado a sí mismos.
Ser ciudadano es sentirse orgulloso de pertenecer a una patria, o a una nación cuyas características esenciales son el respeto a la individualidad de cada uno, no la sumisión a un líder, a una ideología o a unos dioses concretos que en su afán dominador se esfuerzan por borrar de la Tierra a quienes no comulgan con sus presupuestos.
Libertad, autonomía personal, control del poder público, rechazo de su sacralidad, capacidad de establecer un proyecto de vida propio, rechazo del poder vitalicio y autoritario, estas son, entre otras, las nociones que el término ciudadano sugiere cuando lo pronunciamos. Hacemos referencia a una tradición de pensamiento político anclada en lo mejor del espíritu europeo y occidental.
Hoy, igual que a fines del siglo XVIII, ser ciudadano es apostar por la libertad, la igualdad y la solidaridad.

Emilio Díaz