Los antiguos romanos siempre nos servirán de ejemplo. Hicieron, contaron y reflexionaron sobre todo lo bueno y todo lo malo que tiene la política. De ellos es una distinción inexcusable acerca del fundamento del poder. Distinguían entre la auctoritas y la potestas. Ambas hacen referencia a los resortes que permiten a unos ejercer influencia sobre la voluntad de los otros y lograr que éstos actúen conforme a los primeros desean.
Los mencionados conceptos pueden aplicarse a muchos ámbitos del acontecer humano, desde la empresa, a la docencia, pasando por la medicina, la abogacía o las actividades de la construcción. La auctoritas faculta al que ordena para conseguir que el ordenado actúe recurriendo a un entramado de cualidades del primero donde entran en juego su superior categoría moral, su superior capacidad de gestión, su superior virtud en el trato humano y cuantas más aptitudes positivas puedan imaginarse en el ser humano. La potestas fundamenta la capacidad de mando simplemente en la posesión de un título, de un nombramiento, de un cargo que es otorgado al mandatario por alguna instancia superior a la que se le ha conferido la capacidad de investir a los demás de dicha facultad.
El diario El Mundo lleva desde hace muchos meses investigando por su cuenta las incongruencias y las manipulaciones del proceso judicial de los asesinatos del 11 de marzo de 2004. Últimamente, habida cuenta de que saca beneficios del asunto, el PP se ha atrevido a llevar las conclusiones provisionales de esa investigación al Parlamento. La respuesta del resto de los grupos parlamentarios ha sido una invocación al respeto debido a las instituciones y la exigencia de presuponer su honorabilidad.
No entro en las consideraciones acerca de lo que publica el mencionado periódico ni de la actitud del PP. Lo que me interesa de este episodio es esa invocación a respetar a las instituciones.
Si algo caracteriza a una auténtica democracia es la sospecha sobre las instituciones. De nuevo insisto en que el ciudadano no ve en el gobernante una emanación divina, sino un ser humano como él y, por tanto, sometido a idénticas pasiones, idénticos vicios y virtudes. Las instituciones en sí no son nada. Son organismos diseñados sobre un papel por seres humanos y puestos en funcionamiento por seres humanos. Y todos sabemos lo que tiende a hacer un ser humano cuando el dulce halo del poder acaricia su piel. El que manda tiende a abusar del poder. Por supuesto que hay mucha gente honrada; pero quizá sean los menos. Personas perfectamente amables y sencillas en la vida diaria, se vuelven lobos cuando son entronizados en los pasillos y en los despachos del poder.
A las instituciones no se las respeta porque sí, porque son eso, "instituciones". Se las acata después de someterlas a una crítica.
Presuponer la honorabilidad de las instituciones (esto es, de los seres humanos que las integran) es volver a aquellos viejos tiempos del Antiguo Régimen donde por el simple hecho de nacer en una familia de condes, uno era mejor que los demás.
Para los ciudadanos, el respeto debe ser ganado a pulso por los seres humanos que ejercen el poder mediante el uso de su auctoritas, no de la potestas que la aparición de su nombre en el BOE o en el BOJA confiere.
Por tanto, a mi juicio, es perfectamente legítimo someter a crítica y sospecha el proceder de las instituciones, sean jueces, policías, diputados, senadores, ministros o el sursum corda que se nos presente encarnado en tejido mortal. Y no entro en la inmunidad del rey por no meterme en asuntos más delicados, aunque en una República, el presidente también debe estar sometido al parecer de la ciudadanía.
Menos pedir respeto por las instituciones y más trabajar honestamente por la auctoritas de quienes las ejercen.

Emilio Díaz