DEMOLIENDO EL ESTADO, AHORA, EL CONSTITUCIONAL

DOS PALABRAS

Zapatero, suicida

Federico Quevedo

Sábado, 02 de diciembre de 2006

Ocurrió esta semana, pero quedó relegado al ostracismo mediático por
culpa de vídeos, libros, ETA y otros asuntos de máximo interés
informativo. Y, sin embargo, es de una trascendencia que, sin duda,
supera con mucho otras cuestiones meramente coyunturales –no me
refiero a ETA, obviamente- porque afecta a los principios sobre los
que se construyó el Estado tal cual lo conocemos hoy, uno de cuyos
aspectos esenciales fue la búsqueda del consenso para poder llevar a
cabo la Reforma y garantizar para siempre el respeto a la
Constitución, al Estado de Derecho y al modelo territorial que los
españoles aprobaban el 6 de diciembre de 1978, hace ya casi treinta
años. Pues bien, el pasado miércoles el PSOE aceptó en la Ponencia que
analiza la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional una enmienda
de los nacionalistas de CiU y ERC, e Izquierda Unida, para que los
cuatro magistrados del TC que corresponde nombrar al Senado sean
designados por las Comunidades Autónomas. Es decir, el mismo PSOE que
se había hartado de decir que el Estatuto Catalán solo era de
aplicación en Cataluña y que no tendría consecuencias más allá del
marco jurídico catalán, admite ahora que eso era una cortina de humo y
da carta de naturaleza a la pretensión nacionalista de formar parte en
el proceso de designación de magistrados del TC, rompiendo la
costumbre del necesario consenso con el que, hasta ahora, se había
venido haciendo la renovación de cargos.

Zapatero ha dicho que sí –ya lo dijo hace tiempo-, a la modificación
clandestina de la estructura del Estado y sus instituciones. Desde que
ganara las elecciones el 14 de marzo de 2004 su única obsesión ha sido
excluir al PP de cualquier clase de acuerdo que pueda otorgarle a la
derecha liberal carácter de alternativa de gobierno. En esa clave,
además de la de destrucción del Estado, es en la que hay que
comprender esta cesión sin precedentes a las ambiciones nacionalistas.
Es cierto que el PP gobierna en muchas comunidades autónomas, pero la
intención de la enmienda nacionalista aceptada por el PSOE es que
tengan más peso las comunidades que no son del PP en esta designación,
una fórmula que, por otra parte, altera las competencias del propio
Senado.

Pero a Zapatero no le importa vulnerar la ley si con eso da un paso
más en sus pretensiones totalitarias. Yo no sé si el PSOE es
consciente del riesgo, pero lo que está haciendo el presidente
Rodríguez es conducir a su partido a un suicidio colectivo, en la
medida que no siempre va a estar él al frente –si la cordura vuelve a
este país, más pronto que tarde- y el PSOE se las va a ver difíciles
para volver a retornar a los tiempos del consenso, y eso si es que
queda algo sobre lo que poder sentar las bases del diálogo.

Lo que pretende Zapatero es, como bien señalaba ayer el secretario
general del PP, Ángel Acebes, cambiar las reglas del juego de la
institución encargada de preservar, precisamente, las reglas del juego
democrático y los derechos y libertades fundamentales de todos los
ciudadanos. Es un paso más en su proyecto de deconstrucción del Estado
que surgió de la Reforma y la Constitución de 1978. Hace casi treinta
años los españoles se comprometieron en un proyecto común de
convivencia, y para hacerlo se aceptó como fundamental la búsqueda del
consenso sobre aquellos asuntos que parecían esenciales a la hora de
garantizar ese proyecto. Entonces se aceptó un modelo de Estado que,
comparado con otros ejemplos de descentralización de nuestro entorno,
asumía las ventajas de los modelos federales sin sus inconvenientes, y
garantizaba la pervivencia de la Nación unitaria sobre la base de su
pluralidad.

Hoy, dos años y medio después de que Rodríguez accediera al poder, el
Estado es más débil y su presencia es cada vez más residual, pero no
por que se estén aplicando principios liberales de retroceso del
Estado a favor de la iniciativa privada, que no sería criticable, sino
porque se está cediendo en asuntos esenciales para la convivencia a
favor de los intereses nacionalistas. De ahí que la recuperación del
consenso deba ser una exigencia que en el próximo proceso electoral se
dirija a los partidos políticos por parte de la mayoría de los
ciudadanos.

El PP lo ha entendido así, y de hecho la Conferencia Política que
comenzó el viernes va a hacer hincapié en esa necesaria recuperación
del consenso político, aunque también es evidente que con el actual
Gobierno y, sobre todo, con su presidente, es absolutamente imposible
intentar llegar a ninguna clase de acuerdo que favorezca el interés
general. Una imposibilidad que no es trasladable al resto del PSOE, a
pesar de que se equivocan quienes, como ayer Zaplana, consideran
"insólito" que la izquierda haya abandonado el modelo de la Transición
decantándose por la traición a la España Constitucional.

El PP ha conseguido llegar a acuerdos sobre algunos estatutos de
autonomía, evitando así que se acelerara el proceso de deconstrucción
del Estado, y lo ha hecho con el PSOE, lo cual indica que no es
imposible el diálogo al margen de Rodríguez. Pero no hay que perder de
vista que la trayectoria histórica de la izquierda es, precisamente,
la de la traición a los modelos constitucionales. Lo fue en la Segunda
República y lo es ahora, por lo que no podemos considerar insólito lo
que ahora está haciendo Rodríguez. Lo insólito fue que, en un momento
dado de nuestra historia, prevaleciera el sentido común sobre sus
ambiciones de poder.